El País 28/10/10
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Arrancan los juicios contra los regidores por la falta de depuradoras que debía construir la Generalitat
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Cuando la justicia penal se pone en marcha resulta imparable. Lo saben muy bien una docena de alcaldes de Cataluña, que ya están inculpados en procesos penales por verter aguas residuales contaminantes a los lechos de las rieras ante la falta de depuradoras que debería haber construido la Agencia Catalana del Agua (ACA), adscrita al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.
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Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de CiU de Tordera (Maresme), es el primero que se sentará en el banquillo. El fiscal solicita para él cinco años de cárcel por haber permitido desde 2007 el vertido de aguas residuales generadas en la urbanización Terrabrava al torrente de Les Roques Llises o de Terrabrava, y de ahí a la riera de la Vall Lloparda.
El fiscal le aplica las agravantes de vertidos clandestinos y de desobedecer las órdenes expresas de la Administración para corregir la contaminación. La ACA abrió expediente al Ayuntamiento en septiembre de 2007, pero lo cerró meses después al comprobar que el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales de 2005 incluía la construcción de una depuradora para la zona.
Este primer juicio marcará la senda del resto de las causas judiciales pendientes. La defensa, ejercida por Javier Melero, considera que el alcalde está amparado por la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2009, que incluía una disposición transitoria en la que autorizaba a proseguir los vertidos en los municipios cuya depuradora u otras instalaciones de saneamiento estuvieran incluidas en el plan de la ACA de 2005.
"Error invencible"
"Es como si uno va a Hacienda a que le hagan la declaración y después le acusan de delito fiscal", explica Melero para referirse a que la ley aprobada por el Parlament exime de responsabilidad penal a los alcaldes y los Ayuntamientos. Es lo que en términos jurídicos se denomina "error invencible". Otra cosa es que la ley del Parlament fuese un error político porque ha causado esa situación de inseguridad en los municipios. El fiscal solicita también para el alcalde cuatro años de inhabilitación para ejercer el cargo que ocupa desde 1995 y 7.500 euros de multa por el mismo delito contra el medio ambiente.En el escrito, el fiscal afirma que el alcalde de Tordera, "incumpliendo sus obligaciones legales, permitió, consintió, toleró y propició" el vertido de las aguas residuales sin depurar ni tratar, que contaminaron los cauces públicos y generaron un "grave riesgo de afectación a espacios naturales protegidos". Esa tesis se traduce en el hecho de que el oxígeno disuelto en el agua en los cauces de la zona pasa del 60% a concentraciones de entre el 4% y el 29% después de los vertidos.
La defensa, por el contrario, sostiene que el alcalde hizo todo lo que entraba dentro de sus competencias, pero que ni contaba con los recursos económicos necesarios ni existía otra solución que no fuera la depuradora que debía construir la Agencia Catalana del Agua (ACA). La defensa añade que la ley del Parlament, "sea acertada o no", tiene "plena apariencia de legalidad" y ampara la actuación del alcalde. Por ese motivo, solicita en su escrito que declare como testigo en el juicio el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, así como toda la cúpula de la ACA, a la que dirigió varias cartas en las que explicaba la situación creada.
La ACA, por su parte, invoca la ley del Parlament para justificarse y asegura que en cuanto tenga un nuevo programa para el periodo 2011-2015 que garantice su funcionamiento, procederá a realizar las depuradoras programadas.
Durante la investigación de la causa el fiscal solicitó la clausura del colector, pero el juzgado la denegó por considerar que eso causaría un grave perjuicio a las más de 200 familias que viven en la urbanización de la que proceden las aguas, ya que se les impediría utilizar los lavabos.
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La depuradora que nunca llega
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Alcaldes investigados por vertidos de aguas residuales acusan a la Agencia Catalana del Agua de dejarles sin alternativa por retrasos en las inversiones
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"Somos los tontos de la película", se queja el regidor de Subirats
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El alcalde de Subirats (Alt Penedés) muestra la boca por la que los desechos del núcleo de Cantallops caen a una riera- JOAN SÁNCHEZ
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El municipio de Subirats (Alt Penedès) tiene 3.100 vecinos y su paisaje lo dominan suaves colinas colmadas de viñedos que albergan 15 pequeños núcleos urbanos. Uno de ellos, Cantallops, ubicado al lado de la N-340, consta de un puñado de casas, habitadas por 80 vecinos. "Desde siempre", según su alcalde, Antoni Soler (ERC), las aguas fecales que produce el poblado caen a una riera cercana. Ahora tiene que responder por ese vertido ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña. La solución al problema es una depuradora que debe construir la Agencia Catalana del Agua (ACA) y que arrastra cinco años de retraso.
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La situación de Soler la comparten otros ocho alcaldes catalanes (véase EL PAÍS de ayer). Según el fiscal, todos han incumplido sus obligaciones en materia de saneamiento por permitir vertidos de aguas residuales en sus municipios. Sin embargo, según la Federación de Municipios de Cataluña, la responsable del problema es la ACA, que debe construir las depuradoras. La fiscalía considera que, a pesar de ello, los alcaldes hacen poco para evitar la contaminación. "Si la ACA me da el dinero, ahora yo mismo construyo la depuradora", explica Soler, de pie junto a la riera de Cantallops, mientras espanta las moscas que vuelan por el lugar. El tímido calor otoñal del mediodía calienta el pequeño caudal y levanta algo de hedor que no alcanza las casas de los vecinos más próximos, que se hallan a varios centenares de metros arriba de la colina.
Desde 2005, las dos depuradoras necesarias en la zona y otras nueve en el mismo municipio figuran en el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU). Juntas suman una inversión de más de dos millones de euros. En 2007 las obras se incluyeron de nuevo en la actualización de ese plan y en 2009 fueron programadas para antes de 2014. Hace poco se comenzó una, en la zona de Lavern.
Otro Ayuntamiento investigado es el de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) por los vertidos en el torrente de Can Noguera. Esteve Carbonell, el alcalde (PSC), explica que está negociando un convenio con la ACA para que el municipio asuma obras que no le corresponden.
"Estamos en crisis y las obras son más lentas, pero aquí los alcaldes somos los tontos de la película", asegura Soler, que el pasado 5 de octubre declaró como imputado. El alcalde se siente ofendido porque, asegura, llegó al Ayuntamiento precisamente gracias a su labor en defensa del medio ambiente. En 1995, cuando era regidor de Medio Ambiente, dirigió las acciones legales que obligaron a Fecsa a pagar por los incendios que en 1994 quemaron unas 60 hectáreas del municipio.
En su defensa han salido el pleno del Consistorio y del consejo comarcal. En sendos escritos piden a la Generalitat la ejecución de las obras incluidas en el plan de la ACA. "Si todo sigue así, van a imputar a todos los municipios que están en la lista de espera del PSARU", zanja Soler.
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La fiscalía investiga a ocho alcaldes por vertidos de aguas residuales
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Una ley de 2009 permite la contaminación hasta que haya depuradoras
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Algunas denuncias han acabado en querella y están pendientes de juicio
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Una ley de 2009 permite la contaminación hasta que haya depuradoras
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La Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña ha abierto diligencias en los últimos meses contra ocho alcaldes de municipios de Tarragona y Barcelona. Se les acusa de un delito contra el medio ambiente supuestamente cometido al verter aguas residuales a rieras y ríos. El artículo 325 del Código Penal castiga ese comportamiento con penas de cárcel de seis meses a cuatro años, además de multa e inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer cargo público.
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Los alcaldes afectados por las investigaciones de la fiscalía son los de Montbrió del Camp (Baix Camp), Constantí (Tarragonès), Lliçà de Munt (Vallès Oriental), Dosrius (Maresme), Sentmenat (Vallès Occidental), Tivissa (Ribera d'Ebre), Vallirana y Sant Esteve Sesrovires (ambos del Baix Llobregat). La tesis de la fiscalía es la misma en todos los casos:los alcaldes han incumplido sus obligaciones en materia de saneamiento, que está considerado un servicio público inexcusable en la Ley de Bases de Régimen Local.
La Federación de Municipios de Cataluña (FMC), sin embargo, defiende la actuación de los alcaldes y asegura que la construcción de las depuradoras no es una competencia municipal, sino de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat. En este sentido, la FMC recuerda que los alcaldes están eximidos de responsabilidad en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2009.
Ese artículo señala que se autorizan los vertidos de aguas residuales urbanas cuya depuración haya sido ausumida por la ACA si la depuradora o infraestructura correspondiente está incluida en el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales aprobado por el Gobierno de la Generalitat en 2006. El mismo artículo precisa que cualquier incremento de carga o caudal de vertido resultante de un desarrollo urbanístico no previsto en el citado plan obliga a instalar los sistemas de tratamiento necesarios y a obtener previamente autorización para el vertido.
La fiscalía entiende, por el contrario, que una disposición de ese tipo no puede suponer una patente de corso para justificar los vertidos ilegales, porque suponen un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Las investigaciones de la fiscalía se han iniciado tras las denuncias presentadas por el cuerpo de Agentes Rurales, los Mosos d'Esquadra, la Guardia Civil, particulares y asociaciones ecologistas.
Algunas de esas investigaciones de la fiscalía ya han concluido y han acabado en querellas, que a su vez ya han sido tramitadas y están pendientes de juicio. En otros casos, la investigación del fiscal ha servido para rectificar la actuación municipal y acabar con el vertido, como sucedió en el caso del torrente de Can Noguera, en Sant Esteve Sesrovires, según explica el alcalde de la población, Enric Carbonell.
Antoni Pelegrín, fiscal coordinador de Medio Ambiente, explica que algunos vertidos ilegales se arrastran desde hace años, sin que se haya hecho nada para acabar con ellos. "Es cierto que la depuradora no depende de los ayuntamientos, pero no se pueden verter aguas a los cauces públicos en lugar de construir una balsa provisional. Y la verdad es que cuando se les investiga empiezan a actuar", explica el fiscal.La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) aprobó el pasado día 22 una resolución en la que expresa su preocupación por la situación creada tras la imputación penal de algunos alcaldes a causa del vertido de aguas residuales y solicita la intervención de la Generalitat y del Ministerio de Medio Ambiente. El organismo municipalista reclama de la Administración autonómica "que se adopten las medidas necesarias para que no se produzcan nuevas imputaciones", y del Gobierno, que "inicie las actuaciones que sean necesarias, incluso instar la modificación de la normativa vigente, para poner fin a la situación en que se encuentran los alcaldes".
La FMC también solicita a la Agencia Catalana del Agua que construya las infraestructuras o estaciones depuradoras de aguas residuales necesarias para completar el sistema de saneamiento de los municipios, y a la Generalitat que prevea las inversiones indispensables que permitan asumir ese objetivo. Esa es la clave de bóveda de todo el asunto, pues los Ayuntamientos y sus alcaldes acaban sufriendo las consecuencias, incluso judiciales, de la falta de esos equipamientos, que no son de su competencia.
La fiscalía, por su parte, considera que si le llega una denuncia o tiene conocimiento de vertidos residuales contaminantes, no puede mirar hacia otro lado y no cumplir su obligación de investigar esas situaciones. Se recuerda, además, que en todos los casos en los que se acaban abriendo diligencias no se hace porque se descubra un vertido ocasional, sino situaciones de contaminación que no son leves y que se arrastran desde hace años, avaladas por informes del Instituto de Toxicología.
Sin automatismos
Con todo, la fiscalía asegura que estudia caso por caso y que no actúa con automatismos en las denuncias que se presentan. La FMC, sin embargo, considera que esas ocho investigaciones irán seguidas de nuevos expedientes, por lo que se ha puesto a disposición de la fiscalía para "trabajar en la búsqueda de soluciones". El fiscal de Medio Ambiente, por su parte, insiste en la necesidad de cumplir la ley y evitar los vertidos contaminantes, sin que sirva de justificación la citada disposición de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos. La escasa importancia que dan las Administraciones a los vertidos contaminantes es una realidad que viene constatando la Fiscalía de Medio Ambiente desde hace tiempo en sus memorias anuales.
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El fiscal demana 5 anys de presó al batlle de Tordera per vessar aigües residuals
Diari de Girona 29/10/10
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El judici a l'alcalde del Maresme serà el primer d'una dotzena de càrrecs que estan imputats
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TORDERA DDG
El fiscal demana 5 anys de presó a l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares, per vessar aigües residuals, generades a la urbanització Terrabrava, al torrent de Les Roques Llises o de Terrabrava i des d'allà a la riera de la Vall Liparda, segons avançava ahir El País. De fet, aquest serà el primer judici a un alcalde dels dotze batlles de Catalunya que ja estan imputats en processos penals per haver vessat aigües residuals contaminants a les rieres davant la manca de depuradores que hauria d'haver construït l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), adscrita al Departament de Medi Ambient.
El fiscal li aplica agreujants de vessaments clandestins i de desobeïr les ordres expreses de l'administració per corregir la contaminació. L'ACA va obrir expedient a l'ajuntament el setembre de 2007, però el va tancar mesos després en comprovar que el Pla de Sanejament d'Aigües Residuals de 2005 incloïa la construcció d'una depuradora per la zona.
primer judici marcarà la sentència de la resta de les causes judicials pendents. La defensa, exercida per Javier Melero, considera que l'alcalde està amparat per la Llei de l'Acompanyament dels Pressupostos de 2009, que incloïa una disposició transitòria on s'autoritzava a proseguir els vessaments als municipis la depuradora dels quals o d'altres instal·lacions de sanejament estiguessin incloses en el pla de l'ACA de 2005. Segons la defensa, la llei aprovada pel Parlament eximeix de responsabilitat penal als alcaldes, fet que en termes jurídics s'anomena "error invencible". Una altra cosa és que la llei fos un error polític per causar aquesta situació. El fiscal sol·licita també quatre anys d'inhabilitació per a l'alcalde, que ocupa el càrrec des de 1995, i 7.500 euros de multa. En l'escrit, el fiscal afirma que l'alcalde de Tordera, "incomplint les seves obligacions legals, va permetre, va consentir, tolerar i va propiciar" el vessament de les aigües residuals i va generar un "greu risc d'afectació a espais naturals protegits".
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El fiscal manté el setge als abocaments d'aigües fecals
El Punt 29/10/10
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L'alcalde de Tordera, que s'enfronta a cinc anys de presó, serà el primer que s'asseurà a la banqueta dels acusats
La fiscalia s'ha querellat contra sis alcaldes més i n'investiga d'altres
La depuradora de l'Alt Maresme. en construcció, en una imatge d'arxiu a l'estiu passat. Foto: JUANMA RAMOS..
La polèmica sobre qui ha d'assumir la responsabilitat dels abocaments d'aigües residuals a les lleres dels rius no ha fet res més que començar. Des de la fiscalia de Medi Ambient de Barcelona, amb competències a la demarcació, s'afirma que continuarà ferma en les investigacions que té obertes als municipis que tenen urbanitzacions que aboquen les aigües fecals als rius i no a les depuradores.
Només aquest any, la fiscalia ha presentat querella contra sis alcaldes, acusats de delictes contra el Medi Ambient, i té altres investigacions obertes, com ara al municipi de Subirats. Precisament, a principi d'octubre, tres alcaldes de la comarca de l'Alt Penedès es queixaven obertament a aquest diari que havien estat citats a declarar a la fiscalia com a inculpats d'un delicte contra el medi ambient per aquests vessaments il·legals.
Des dels ajuntaments s'assegura que qui té la competència sobre la construcció de depuradores és l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i no pas els consistoris. Els batlles, però, saben que la llei obliga els ajuntaments a construir les xarxes de clavegueram que connecten les urbanitzacions amb les depuradores. En aquest sentit, el fiscal coordinador de Medi Ambient, Antoni Pelegrín, afirma que tots els vessaments “són d'urbanitzacions i de fa anys”. Les anàlisis toxicològiques evidencien que, en certs casos, “el riu és una claveguera”.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares (CiU), serà el primer a ser jutjat per aquest tipus d'abocaments. El ministeri públic sol·licita que sigui condemnat a cinc anys de presó per haver permès des del 2007 el vesament d'aigües residuals generades per la urbanització Terra Brava al torrent de les Roques Llises, i que afectés la riera de la vall Lliparda. Xavier Melero, advocat de l'alcalde de Tordera, ultima ara l'escrit de defensa, en què sol·licita l'absolució del batlle. Per Melero, “Tordera ha complert el que li ha manat l'administració hidràulica, fins i tot van negar-li que fes mesures cautelars”. Hi afegeix que els seus abocaments estan “permesos” per la disposició inclosa en la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de l'any 2009, segons la qual el govern català permet aquests abocaments contaminants en els casos dels municipis que estiguin inclosos en el pla de construcció de depuradores de 2005, l'anomenat PSARU (programa de sanejament d'aigües residuals), sempre i quan no incrementin el cabal fixat per l'ACA.
En resum, hi ha una polèmica jurídica i la fiscalia manté que és superior la llei estatal de protecció de l'aigua a la disposició de la Generalitat.“La llei prohibeix la contaminació aquàtica, i no pot haver una autorització que permeti abocar sense cap límit”, assegura el fiscal, que exposa que els ajuntaments –en espera de la depuradora– poden realitzar mesures provisionals, com canalitzar els abocaments en dipòsits.
Davant el malestar del món local, la Federació de Municipis de Catalunya ha acordat demanar “la intervenció al president del govern català per evitar més imputacions, i sol·licitar a la fiscalia un treball conjunt per resoldre-ho”. Per ara, ningú no ha mogut fitxa.
LA FRASE
La llei prohibeix la contaminació aquàtica. No pot haver una autorització que permeti abocar sense cap límit
Antoni Pelegrín
fiscal coordinador de medi ambient
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