Sobre la Ley de Costas, 2/2/09...

El Gobierno atenúa la Ley de Costas y deja vender las casas sobre la playa
El país.com 2/2/09

Medio Ambiente suaviza de tapadillo la política de Narbona de recuperar el litoral

El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño. El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.
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Viviendas en el dominio público sobre la playa de Nules en Castellón- ÁNGEL SÁNCHEZ

El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.

La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.

Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.

Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.

Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.

La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.

Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.

La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.

Marcha atrás en el camino anterior

La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.

El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.

Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.

En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.

Una norma clave

- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.

- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.

- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.

- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.

España ha perdido casi el 60% de sus humedales costeros

Los ecologistas llaman a la conservación de estos frágiles ecosistemas tan importantes para preservar la biodiversidad

Los humedales que hay actualmente en España, que albergan una gran variedad de especies animales y vegetales, y son lugares clave en las rutas migratorias de numerosas aves, no son más que "meros testimonios de lo que fueron en el pasado", asegura la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en el Día Mundial de los Humedales. Esta organización denuncia que España ha perdido el 68% de sus lagunas de agua dulce y el 59% de sus humedales costeros.

SEO/BirdLife ha lanzado Alas sobre agua, un proyecto cuyo objetivo es que los humedales más importantes para las aves se encuentren en buen estado de conservación antes de diciembre de 2015. Para ello, reclama compromisos "firmes" de las administraciones para su preservación, que se adapten los consumos de agua a la capacidad de los ecosistemas y se modifique la legislación para recuperar los costes de los servicios de agua.

En la presentación hoy en Madrid de esta campaña, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, cuyo departamento apoya la iniciativa, ha destacado la necesidad de conservar estos espacios, "los más frágiles del planeta". Ha recordado su papel primordial en la recarga de acuíferos, como sumideros de CO2, en el control de las inundaciones y para el mantenimiento de la biodiversidad, y ha señalado que España es el país con una mayor diversidad de humedales de Europa.

Aunque actualmente 63 zonas húmedas de España figuran en la Lista Ramsar - el convenio internacional que protege los humedales desde 1971 y que cada 2 de febrero conmemora la importancia de estas áreas naturales que están desapareciendo a gran velocidad-, Espinosa ha anunciado que se está tramitando la inclusión de otras ocho (cinco de Andalucía, dos de Murcia y una de Asturias) en esa lista.

Ecologistas en Acción ha aprovechado el Día Mundial de los Humedales para denunciar la "cada vez mayor presión" que "la contaminación industrial, el urbanismo y los vertidos urbanos y agrícolas" ejercen sobre estos espacios, "poniendo en riesgo su conservación y la posibilidad de autogestión y desarrollo de numerosos pueblos costeros".

WWF/Adena insta también a la conservación de los humedales, y recuerda que, hace cuarenta años, el Parque Nacional de Doñana, que hoy es un referente de conservación a escala mundial y un enclave paradigmático, era un humedal al borde de la desaparición. La protección de esta zona ha convertido Doñana en uno de los santuarios de aves más destacados de Europa, con más de 360 especies residentes y migratorias, que da cobijo además a una de las dos últimas poblaciones de lince ibérico de España, y que se ha convertido en "un notable motor para el desarrollo del entorno".